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Primera Línea

Exigen cuentas hasta por 5 mdp a Zory Ziga luego de su paso por Sedesol


Un presunto fraude hasta por $5,000,000.00 habría sido cometido por la ex subdelegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Zory Ziga Martínez, ahí donde despacha Martín Vásquez Villanueva, en perjuicio del municipio de San Juan Lachigalla, perteneciente a Ejutla de Crespo.
La denuncia deriva de las propias autoridades de la comunidad y de sus habitantes, quienes enviaron un escrito a este espacio para dar a conocer el presunto desvío de recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, con la supuesta entrega de Piso Firme a 148 habitantes de cuatro agencias municipales, construcciones que jamás se concluyeron.
Zory Ziga Martínez es hoy delegada del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), pero dejó un hoyo cuadrado en Sedesol, precisamente por la falta de comprobación de dichas obras que supuestamente fueron culminadas, pero que los beneficiarios reportan como inconclusas.
Lo anterior de acuerdo al contrato SDS-OAX/OP/PD2P/MV/25-14, con fecha del 14 de noviembre del 2014 y aunque las 148 familias afectadas por la funcionaria Federal presentaron ante la delegación de la Sedesol la queja correspondiente, así como ante los órganos fiscalizadores para fincar responsabilidades, hasta el momento la cubre un manto de impunidad.
Como todo lo que huele a Sedesol y sus filiales.
Con el número 2016/SEDESOL/DE30, los afectados presentaron su denuncia en el área de quejas de la dependencia, según escrito con fecha 11 de mayo, con la finalidad de que se abriera una investigación y se fincaran una sanción a Ziga Martínez, sin embargo, no prosperó.
Ante la impunidad que envuelve a los funcionarios de la Sedesol en Oaxaca, el pasado 10 de enero de 2017, el caso fue presentado al presidente de la República Enrique Peña Nieto, por parte del Comité de Beneficiarios del Programa Piso, Techo, Muro firme y Cuartos Adicionales, en donde se realiza un balance de los actos indebidos de la funcionaria.
Esta situación se suma el desvío de $16,000,000.00 por parte del ex delegado Guillermo Alfaro Cazares, así como un millón 840 paquetes de láminas destinados para cuatro municipios de la entidad y que no han sido esclarecidos.
¡Qué tal!
No es posible que se siga fregando a la gente más pobre de Oaxaca.
El caso, por supuesto, amerita una revisión seria, puntual, para deslindar responsabilidades, pero parece que en este como en muchos otros casos, la Sedesol a cargo de Luis Miranda Nava hace mutis, con eso de que no es MP, se lava las manos y cuando los medios en Oaxaca lo cuestionan, se irrita.
¡Pues viva la impunidad!
Porque ni el delegado en Oaxaca de la Sedesol, Martín Vásquez Villanueva puede hacer nada, es quien debió solicitar la revisión porque es cabeza de sector y Zory Ziga dependía de esa Delegación, pero parece que la constante en las delegaciones federales es seguir fregando a los que menos tienen, total son impunes.
YA SALIÓ EL PEINE EN EL CASO TONAMECA, CIGRYA SA DE CV ESTÁ DETRÁS
Me comentan que detrás de las acusaciones de corrupción contra el ex presidente municipal de Santa María Tonameca, Fernando Mendoza Reyes, está la ambición de la empresa constructora Cigrya SA de CV, que desde noviembre del año pasado pelea (con uñas y dientes) la obtención de la obra de pavimentación de la colonia La Florida.
La compañía, cuyas apoderadas legales son Teresa Gutiérrez Ramírez y Marbella Gutiérrez Ramírez y tiene su dirección en Río Verde No. 506, Col. Los Ríos, Santa Lucía del Camino, Oaxaca; ha provocado un conflicto en aquella población de la Costa oaxaqueña, valiéndose de los habitantes de la comunidad.
El motivo: una obra que desde su inicio –noviembre de 2016—pretendió ser bloqueada y que hasta el momento, continúa parada porque la empresa Cigrya ha azuzado a los pobladores para que no permitan su construcción.
Los colonos, argumentan que los trabajos están en mal estado y que por lo tanto, es prioritario cambiar la compañía que la construye, misma que apenas ha podido avanzar 500 metros.
Para presionar y obtener la obra, acusan al diputado Juan Mendoza Reyes, de proteger al ex edil.
En días recientes, la Auditoría Superior del Estado (ASE), la autoridad entrante de Santa María Tonameca que encabeza Jesús Leyva; la autoridad saliente, Fernando Mendoza; integrantes de la Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura que preside la diputada Eva Diego, así como los inconformes, se reunieron para tratar los supuestos desvíos de recursos en aquella población, acordando que se realizaría una revisión y se continuarían los trabajos de pavimentación, mismos que no pueden ser cancelados por el contrato firmado.
Pero no obstante, permanece el interés de la empresa de obtener la obra, y continuar utilizando a los colonos que encabeza Armando Ibarra Razo, para mantenerla frenada.  
Y así pasan los días, entre bloqueos y suspensiones, sin que exista interés real de concluir la pavimentación que requieren cientos de familias de aquella localidad.
Este martes los inconformes ofrecieron conferencia de prensa, donde exigieron a la LXIII Legislatura local no seguir protegiendo al ex presidente municipal de Santa María Tonameca, Fernando Mendoza Reyes, de quien se presume desvió más de 13 millones de pesos en supuestas obras ejecutadas.
Armando Ibarra Razo, secretario del Comité de Agua de San Agustinillo Tonameca, denunció los hechos y reveló que se aprobaron 6 millones de pesos para una obra de agua potable en San Agustinillo y 7 millones de pesos para obra de pavimentación en La Florida, sólo la primera registró un avance del 70% fue reportada como concluida.
Detalló que Fernando Mendoza desde el inicio tenía la intención de desviar recursos, al anunciar que iniciaría una obra de 2 millones de pesos, pero al conocer los pobladores el proyecto original que se encontraba en la Comisión Nacional del Agua se percataron que fueron destinados 6 millones de pesos, dos veces más de lo dicho por el Edil.
Vaya enredo.
Inició la obra pero a partir de diciembre del 2016 con un avance del 70%, el Edil se negó a contestar llamadas, a recibirlos y nunca entregó los recursos restantes para la conclusión de la obra, que además fue comprobada como concluida.
Destacó que en la Florida igual se autorizaron 7 millones de pesos para una obra de pavimentación, pero el Alcalde solo pretendía cubrir 500 metros lineales y a través de la empresa de su hermano Ariel Mendoza Reyes, con ese recurso millonario que alcanzaría hasta para 4 kilómetros de calle, la comunidad se opuso y pidió explicaciones, pero el ex presidente municipal lejos de explicar prefirió no llevarla a cabo.
Será la Auditoria Superior del Estado quien tenga que realizar las revisiones y la auditoria a la administración de Mendoza Reyes, para que se conozca la verdad.
Por lo pronto, existe el interés de la constructora Cigrya SA de CV, de obtener a como dé lugar las obras de pavimentación de la colonia La Florida.
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